La autora examina la invitación que suelen recibir los abogados internos para integrar el directorio, frecuente en empresas africanas de propiedad concentrada, y sostiene que por lo general debe declinarse. Reconoce lo que aporta el cargo, pero identifica tres costos: la pérdida de certeza del privilegio abogado-cliente, que pasa a tener que probarse documento por documento, la erosión de la independencia y el conflicto fiduciario entre el deber hacia la sociedad y la dependencia del gerente general. Concluye que casi todos los beneficios provienen de estar presente en la sala y no del voto, por lo que propone un estatuto que garantice al abogado audiencia, información y acceso al directorio, admitiendo solo algunas excepciones.