La autora responde que, por regla general, el abogado interno no debería ser a la vez miembro del directorio, porque las funciones de consejero y de decisor son estructuralmente incompatibles. Explica que la doble función genera conflictos de interés, sobre todo en crisis e investigaciones internas, debilita la protección del privilegio al mezclar asesoría jurídica y deliberación de negocio, y resta independencia real y percibida al directorio. Propone como mejor modelo el acceso sin membresía, con el General Counsel presente cuando haya asuntos jurídicos, y admite excepciones solo en empresas pequeñas o en fase inicial.