La autora examina el marco legal e institucional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Sudáfrica, a la luz de los escándalos de corrupción y de los hallazgos de la Comisión Zondo. Analiza el artículo 332 de la Ley de Procedimiento Penal, la Ley de Sociedades de 2008, la ley PRECCA contra la corrupción y el common law, y los obstáculos para procesar a las empresas. Concluye que sin recursos para la fiscalía, eficiencia judicial y compromiso ético estas leyes no disuadirán, y que la responsabilidad debe alcanzar a las entidades que se benefician del delito.