El autor repasa la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria en España, que buscó equilibrar el poder de negociación entre productores, industria y distribución mediante contratos escritos, prohibiciones de modificaciones unilaterales y pagos adicionales, y la creación de la AICA. Compara este régimen con la ley francesa EGAlim y explica las reformas introducidas por la Ley 8/2020 y la transposición de la Directiva (UE) 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales. Concluye que la reforma aprobada en el Congreso aclarará el alcance de la norma y la regulación de prácticas como los pagos no vinculados a la venta o la cancelación de pedidos de perecederos.