El artículo examina el papel del almacenamiento energético en la transición energética española, en un contexto en que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fija una meta de 22,5 GW para 2030 frente a los 7,4 GW instalados. Los autores describen las novedades retributivas, entre ellas las ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento del Programa Plurirregional Feder 2021-2027, y enumeran los principales obstáculos regulatorios: la Declaración de Utilidad Pública para las líneas de evacuación, la falta de regulación urbanística homogénea entre comunidades autónomas y las dificultades de los proyectos hibridados. Concluyen que hace falta un marco normativo claro y homogéneo que agilice la tramitación administrativa.
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