La autora explica que normas como la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales y la Ley de IA trasladan el cumplimiento al diseño de productos y a la arquitectura de los sistemas, que toman millones de decisiones imposibles de supervisar manualmente. Ilustra los costes de tratar el cumplimiento como algo posterior con la multa de 1.200 millones de euros a Meta por transferencias de datos y el acuerdo de YouTube por la privacidad de menores, y advierte de los riesgos de proveedores emergentes sin gobernanza jurídica. Concluye que el abogado interno debe pasar de revisor a arquitecto, intervenir antes de las decisiones técnicas y hacer del cumplimiento un principio de diseño.