El autor sostiene que la política se ha convertido en un riesgo jurídico de primer orden, capaz de alterar el curso de un negocio aunque el marco legal parezca sólido. Lo ilustra con dos casos reales en Taiwán: un proyecto de infraestructura frenado tras un cambio de alcalde y una entrada al mercado frustrada por un giro en la política industrial. Concluye que el abogado interno debe asesorar no solo sobre lo permitido sino sobre lo probable y sostenible, diseñando estructuras legales que resistan y se adapten a los cambios políticos.