El autor analiza el marco del teletrabajo en Túnez: un régimen estructurado para el sector público desde el Decreto Presidencial 2022-310 y uno transitorio para el privado, basado en el Decreto-Ley 2020-31, a la espera de la reforma del Código del Trabajo. Explica que el teletrabajo debe ser voluntario, documentarse en un anexo escrito y repartir los costos, y que se mantienen el derecho a la desconexión, la cobertura de accidentes laborales, la privacidad, la protección de datos y la ciberseguridad. Concluye que los mayores riesgos nacen de la brecha entre la ley y la práctica interna, y que la gestión preventiva (documentar, proteger al empleado, asegurar los datos y gestionar el riesgo) seguirá vigente tras la reforma de agosto de 2026.