La autora sostiene que la diversidad, equidad e inclusión exigen un cambio de cultura que vaya más allá de la mera representación, algo especialmente necesario en una profesión jurídica históricamente homogénea. Propone abordarla en cuatro ejes, el bienestar físico y mental, la edad y las generaciones, el género y la orientación, y la raza, religión y origen sociocultural, y advierte que la homogeneidad empobrece la visión de la justicia, limita la innovación y deja fuera a las personas con discapacidad. Concluye que construir una profesión diversa e inclusiva, con medidas como la transparencia de datos, es un imperativo moral y no solo una obligación profesional.