El autor advierte que el mayor riesgo de la IA en los departamentos jurídicos no es negarse a usarla, sino usarla sin entender lo que se delega, como muestra la condena en costas de la corte de ADGM en el caso Arabyads por citar autoridades inexistentes. Explica que su mejor uso es traducir entre sistemas jurídicos, pero que su fluidez puede ocultar falsas equivalencias, como las cláusulas de indemnización del common law frente al artículo 340 de la nueva Ley de Transacciones Civiles de Emiratos, y analiza el efecto en las carreras y en la gobernanza de datos en DIFC, ADGM y el régimen federal. Concluye que la capacidad decisiva del departamento jurídico será saber cuándo una respuesta merece confianza y si la información pudo entrar legítimamente en el sistema.