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Main practice areasArbitration & Mediation
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The Scope of an Arbitrator's Excess of Mandate in Moroccan Case Law
Las autoras examinan como la jurisprudencia marroqui delimita el exceso de mandato del arbitro, causa de anulacion prevista en el articulo 62 de la Ley 95-17 de arbitraje y mediacion convencional. Parten de que la jurisdiccion arbitral nace del consentimiento de las partes y encuentra ahi tambien su limite, y distinguen tres formas de exceso: material, cuando se resuelve una cuestion excluida del ambito contractual; cuantitativo, cuando se concede mas de lo pedido; y temporal, cuando la decision abarca un periodo ajeno a la sumision. Ilustran el ultimo con la sentencia 1125 de la Corte de Apelacion de Comercio de Fez, de 23 de mayo de 2024, que anulo un laudo por extenderse a operaciones de 2013 cuando el encargo partia de la constitucion efectiva de la sociedad en enero de 2014. Frente a ello, recuerdan que una clausula redactada en terminos amplios habilita una jurisdiccion extensa, como admitio Casablanca en 2019, y que el exceso debe distinguirse del simple error de juicio: revisar el fondo convertiria la anulacion en una apelacion que el articulo 62 no contempla.
Arbitrability in Morocco
El texto estudia la noción de arbitrabilidad en el derecho marroquí a la luz de la Ley N° 95-17 sobre arbitraje y mediación convencional. Las autoras distinguen la arbitrabilidad objetiva, fundada en el artículo 14 y en el artículo 62 del Código de Obligaciones y Contratos, que limita el arbitraje a derechos de libre disposición, de la arbitrabilidad subjetiva, referida a la capacidad de las partes y en particular de las entidades públicas. Explican que los artículos 16 y 17 ampliaron la posibilidad de someter a arbitraje los contratos del Estado, las colectividades locales y las empresas públicas, aunque las materias tributarias siguen excluidas, exclusión que consideran discutible frente a la experiencia de Túnez, China, Japón y algunos estados de Estados Unidos. Analizan también el escaso uso práctico del arbitraje laboral por el riesgo de cláusulas abusivas y el costo del procedimiento, y concluyen que la ley avanza hacia la modernidad conservando zonas de resistencia en lo fiscal y lo social.
