About Anthony
Has published 3 articles in Legal Industry Reviews since 2025, across 1 country and 1 practice area.
Main practice areasCompliance, Risk & Sanctions
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European Anti-Corruption Directive: A New Challenge for Luxembourg
El artículo examina la Directiva (UE) 2026/1021, adoptada el 29 de abril de 2026, que impone a los Estados miembros un marco mínimo de delitos y sanciones penales en materia de corrupción activa y pasiva, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, malversación y abuso de funciones. Los autores destacan los topes sancionatorios indexados sobre la facturación mundial, de hasta 5% o 40 millones de euros, junto a la disolución, el cierre de establecimientos y la exclusión de la contratación pública, y señalan que el artículo 16 convierte en circunstancia atenuante la existencia de un programa de cumplimiento serio y efectivo, sin que baste un ejercicio cosmético. Comparan el texto con la UK Bribery Act 2010 y la ley francesa Sapin II, y anticipan que Luxemburgo, cuyo Código Penal no impone hoy obligación general de programa anticorrupción, deberá articular el nuevo tope con su régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas antes de 2028. Cierran subrayando la dimensión geopolítica de la armonización como contrapeso al alcance extraterritorial de la FCPA.
Réforme de l'article 506-1 du Code pénal luxembourgeois
El artículo analiza la reforma del artículo 506-1 del Código Penal luxemburgués introducida por la ley del 12 de diciembre de 2025, pieza central del régimen represivo en materia de blanqueo de capitales. El autor explica que se suprime el sistema híbrido anterior, que exigía una infracción primaria definida por un umbral de pena de al menos seis meses de prisión combinado con una enumeración de delitos de alto riesgo, y que ahora cualquier crimen o delito previsto en el Código Penal puede servir de base a la infracción de blanqueo. Señala las consecuencias prácticas para las entidades sujetas a obligaciones de vigilancia LCB-FT: el ámbito de infracciones capaces de generar una sospecha se amplía considerablemente, lo que obliga a revisar los dispositivos internos de control, actualizar las cartografías de riesgo y reforzar la formación del personal. Concluye que la reforma facilita la persecución penal y la cooperación internacional al alinearse con el enfoque amplio recomendado por el GAFI.
