European Anti-Corruption Directive: A New Challenge for Luxembourg
El artículo examina la Directiva (UE) 2026/1021, adoptada el 29 de abril de 2026, que impone a los Estados miembros un marco mínimo de delitos y sanciones penales en materia de corrupción activa y pasiva, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, malversación y abuso de funciones. Los autores destacan los topes sancionatorios indexados sobre la facturación mundial, de hasta 5% o 40 millones de euros, junto a la disolución, el cierre de establecimientos y la exclusión de la contratación pública, y señalan que el artículo 16 convierte en circunstancia atenuante la existencia de un programa de cumplimiento serio y efectivo, sin que baste un ejercicio cosmético. Comparan el texto con la UK Bribery Act 2010 y la ley francesa Sapin II, y anticipan que Luxemburgo, cuyo Código Penal no impone hoy obligación general de programa anticorrupción, deberá articular el nuevo tope con su régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas antes de 2028. Cierran subrayando la dimensión geopolítica de la armonización como contrapeso al alcance extraterritorial de la FCPA.
Love, Money & Bribery: Sex in Anti-Corruption Frameworks
El artículo plantea que los conflictos de interés derivados de relaciones íntimas dentro de una empresa rara vez figuran en los mapas de riesgo, pese a tener consecuencias reales sobre la gobernanza y el cumplimiento. Los autores recuerdan que los artículos 246 y siguientes del Código Penal luxemburgués definen la corrupción activa y pasiva sin limitarla a ventajas económicas, de modo que un favor emocional o sexual puede constituir una ventaja si distorsiona la toma de decisiones. Recomiendan ampliar el mapeo de riesgos, establecer políticas de declaración de relaciones personales, capacitar a los mandos e incluir expresamente estos supuestos en los códigos de conducta.
