Una visión comparada del tratamiento a los contratos vigentes en los procesos de reestructuración
El artículo compara el tratamiento de los contratos vigentes en los procesos de reestructuración bajo la Ley 1116 de 2006 y bajo el régimen concursal estadounidense. Los autores explican que la ley colombiana parte de la continuidad de los contratos y sólo admite su terminación cuando las prestaciones a cargo del deudor resulten excesivamente gravosas frente al precio de operaciones equivalentes en el mercado, criterio que deja atrapado al deudor cuando el contrato es competitivo en precio pero ya no encaja con el negocio, como un arrendamiento de bodega que se decidió cerrar. Frente a ello describen la lógica estadounidense, donde el juez aplica el business judgment rule y sólo verifica que el rechazo beneficie a la masa y no medie mala fe, y precisan que en ambos sistemas la contraparte conserva un crédito quirografario dentro del concurso.
El accionista en la reorganización: riesgos, poder y responsabilidad
El artículo examina la posición del accionista en los procesos de reorganización bajo la Ley 1116 de 2006 y la Ley 2437 de 2024. Los autores desmontan dos confusiones frecuentes: que la apertura del proceso cubre al accionista que avaló deudas o constituyó garantías con su propio patrimonio, cuando la protección concursal no se traslada a sus bienes, y que la negociación de acciones queda sujeta a las limitaciones de la insolvencia, cuando al no ser activos de la sociedad pueden transferirse libremente. Distinguen la votación del acuerdo, determinada por las acreencias reconocidas en la calificación y graduación de créditos, del ámbito del máximo órgano social, donde opera el voto por participación accionaria y que resulta necesario cuando una capitalización de pasivos exige reforma estatutaria. Describen los mecanismos de bonos de riesgo y privilegios económicos especiales que refuerza la Ley 2437, la doble llave de mayorías concursales y societarias para capitalizar, y la acción de responsabilidad subsidiaria contra la matriz o controlante, con trámite abreviado y caducidad de cuatro años.
