La autora explica que el desarrollo sostenible, hoy de moda por la agenda ESG, ya era exigido por la Constitución brasileña, que armoniza la libre iniciativa con la protección ambiental y social, y que el Supremo Tribunal Federal lo reconoce como principio constitucional. Describe los incentivos de mercado, inversores, consumidores y financiamiento que impulsan a las empresas a ir más allá de lo legalmente exigido. Concluye que el departamento legal debe ser protagonista de la agenda sostenible de la empresa, con medidas como cláusulas laborales y ambientales, auditoría de proveedores y políticas internas, para acelerar el desarrollo sostenible.