El artículo examina la previsible apertura de procesos de participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental, a la luz de la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú y de la jurisprudencia de la Corte Suprema que amplió el concepto de “carga ambiental” del artículo 30 bis de la LGBMA. La autora explica que los titulares de proyectos deberán prever mayores plazos y costos de evaluación y una eventual litigación. Advierte también que el SEA necesitará más recursos humanos y económicos para que estos procesos sean exitosos.