El texto analiza el “Estatuto constitucional de las aguas” aprobado por el Pleno de la Convención Constitucional el 7 de mayo de 2022, que reemplaza los derechos de aprovechamiento por autorizaciones de uso incomerciables otorgadas por una Agencia Nacional de Aguas. El autor advierte que la pérdida del derecho de propiedad sobre el título debilita la certeza de las inversiones y la posibilidad de usar esos títulos como garantía, y que la norma pugna con la reciente reforma al Código de Aguas. Señala además la falta de claridad sobre duración, condiciones y causales de revocación de las autorizaciones.