Nueva Ley de Desalinización: una regulación que concilia inversión e interés público

El artículo examina la Ley N° 21.813 sobre uso de agua de mar para desalinización, que tras ocho años de tramitación estableció un régimen especial de concesiones, una Estrategia Nacional de Desalinización, servidumbres y cargas de interés público. La autora se detiene en la pregunta que la ley dejó abierta —la naturaleza jurídica del agua desalada— y sostiene que, al habilitar al concesionario para extraer, tratar, conducir y disponer del recurso, el producto de ese proceso nace como un bien propio susceptible de comercialización, sin que ello elimine la dimensión pública, canalizada por vías distintas a las del Código de Aguas. Concluye que el desafío real no es la discusión dogmática, sino implementar adecuadamente las concesiones, la estrategia y las capacidades de la Dirección General de Aguas.