El autor analiza la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad en Chile, donde casi tres millones de personas presentan alguna condición de discapacidad, y advierte que la garantía constitucional de igualdad ante la ley no bastó para asegurar su acceso al trabajo. Revisa la Ley de Inclusión Laboral N°21.015, que obliga a las empresas de 100 o más trabajadores a incorporar al menos un 1% de personas con discapacidad, y cuestiona que muchas organizaciones se limiten a cumplir la cuota por vías alternativas. Sostiene que la gerencia legal debe ser el principal motor de una inclusión real y sin discriminación, y relata su propia experiencia tras ser calificado como persona con discapacidad después de un accidente.