El autor sostiene que la lucha contra la corrupción y el soborno transnacional no se agota en la expedición de normas, sino que requiere un efecto disuasivo real a través de la sanción. Comenta la multa de 8.300 millones de pesos impuesta por la Superintendencia de Sociedades a una aseguradora domiciliada en Colombia por sobornos al presidente de una empresa estatal ecuatoriana, reducida en un 50% por colaboración efectiva. Concluye que se necesitan más precedentes de este tipo para cambiar las conductas empresariales.