El artículo analiza el régimen de transferencias indirectas, introducido por la Ley 1943 de 2018 y modificado por la Ley 2010 de 2019, que grava la enajenación de acciones o derechos de entidades del exterior como si el activo colombiano se hubiera transferido directamente. La autora destaca dos riesgos para el comprador: la responsabilidad solidaria de la entidad colombiana adquirida y del propio comprador en casos de abuso tributario, y el efecto del régimen sobre reorganizaciones posteriores y desinversiones. Repasa las excepciones por umbrales y la protección parcial que ofrecen los convenios para evitar la doble imposición.
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