El artículo contrasta una decisión del Tribunal Superior de Bogotá de septiembre de 2026, que exigió prueba de mala fe y valoró la falta de cuestionario médico para descartar la reticencia, con cuatro sentencias de tutela de la Corte Suprema. Explica que estas providencias y la SC167-2023 preservan la eficacia del deber de sinceridad en la declaración del riesgo. Reconoce la diferencia de que en los casos de la Corte existían cuestionarios concretos. Sostiene que el Tribunal debió confrontar la línea consolidada y explicar si se apartaba de ella, en defensa del artículo 1058 del Código de Comercio.