El artículo comenta la disposición interpretativa de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario que vinculó la terminación laboral por fuerza mayor o caso fortuito al cese total y definitivo de la actividad del empleador. El autor explica que la Corte Constitucional, al responder consultas de jueces laborales, dispuso no aplicar esa interpretación y verificar la causal en cada caso, incluso en controversias anteriores a la ley que no estén resueltas. Señala que la decisión se funda en el principio de seguridad jurídica y en la prohibición de alterar retroactivamente situaciones jurídicas.