El texto analiza si existe un vacío legal en el Código Orgánico Integral Penal respecto del uso progresivo de la fuerza, que la ley reconoce de forma literal solo para la seguridad penitenciaria. El autor repasa los requisitos de la legítima defensa propia y de terceros, y subraya que el legislador exige un medio racional y no proporcional. Concluye que habría un vacío si se pretende justificar el uso de la fuerza policial tras consumado el delito, pero no cuando se trata de impedir una agresión actual contra los ciudadanos.