El artículo revisa la evolución normativa que convirtió a las entidades financieras y fintech ecuatorianas en agentes de retención del IVA y del impuesto a la renta sobre las ventas procesadas por pagos electrónicos, tras la designación previa de los prestadores de servicios digitales no residentes como agentes de percepción. El autor advierte sobre los retos operativos de aplicar múltiples porcentajes en miles de transacciones diarias y sobre el riesgo de sanciones cuando los comercios afiliados no incorporan correctamente el IVA. Señala también el efecto en la liquidez de los comercios de menor tamaño y sugiere retenciones diferenciadas o plazos flexibles para no desincentivar el pago electrónico.
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