El artículo examina el artículo 29 de la Ley para la Promoción y Protección de las Inversiones (Decreto n.º 51-2011), que somete a arbitraje determinadas controversias entre accionistas, de propiedad intelectual, distribución, competencia desleal y propiedad inmueble, exista o no convenio arbitral. Sostiene que el arbitraje descansa en el consentimiento y que imponerlo por ley contradice la propia Ley de Conciliación y Arbitraje. Plantea los riesgos de nulidad de laudos, disputas sobre jurisdicción y decisiones contradictorias entre árbitros y jueces, y concluye que la compatibilidad de la norma con las garantías de acceso a la jurisdicción sigue abierta.