La autora plantea si el abogado interno debe formar parte del directorio, a la luz de la creciente integración de lo jurídico, lo regulatorio y lo estratégico en el gobierno corporativo. Expone las ventajas de su participación (integrar el criterio jurídico desde el origen de las decisiones, mejorar las deliberaciones, reforzar la supervisión del cumplimiento y de la inteligencia artificial y proteger a los accionistas en grupos multinacionales) y aborda la objeción de la independencia. Concluye que los riesgos del doble rol son reales pero manejables mediante salvaguardas de gobierno, y que la presencia del abogado interno en el directorio puede ser un mecanismo coherente para incorporar lo jurídico a las decisiones desde el inicio.