El autor contrasta, a partir de conversaciones con litigantes de sede judicial y arbitral, las virtudes y deficiencias de la justicia ordinaria y de la arbitral. Expone que la judicial cuenta con la fuerza coercitiva del Estado pero sufre sobrecarga y falta de conocimiento técnico, mientras que el arbitraje ofrece árbitros expertos y flexibilidad, aunque no todo es arbitrable, el laudo puede requerir ejecución judicial y suma los honorarios de los árbitros. Concluye que ambas son complementarias: los conflictos técnicos de construcción e infraestructura conviene llevarlos a arbitraje y los estrictamente jurídicos a tribunales, evaluando cláusulas, naturaleza de la controversia y costos.