El texto comenta la Casación N° 808-2019-LIMA, que considera entidad de la Administración Pública a una empresa concesionaria de distribución eléctrica por ejercer función administrativa. El autor advierte que ese criterio puede vaciar el carácter privado y comercial de las relaciones entre estas empresas y sus usuarios. Sostiene que la Ley del Procedimiento Administrativo General debería aplicarse solo en casos excepcionales, para no desnaturalizar el régimen privado de las prestadoras de servicios públicos.
You need an account to read the full article.
Sign up to read
