El artículo revisa, a quince años de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1002, el régimen de títulos habilitantes —autorizaciones, permisos y licencias— para proyectos de generación con recursos energéticos renovables. El autor subraya que las generadoras asumen íntegramente el riesgo de obtener esos títulos, gestionar los derechos de uso de la tierra y conseguir financiamiento, en proyectos que casi siempre son greenfield. Cita un estudio de Osinergmin sobre los plazos de puesta en operación comercial y propone replantear un régimen de promoción propio que simplifique procedimientos y coordine a las entidades públicas de los distintos niveles de gobierno.
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