El texto cuestiona la práctica del OSINERGMIN de reconducir la multa hasta el tope mínimo de la escala cuando la multa óptima calculada según su Guía Metodológica resulta inferior. La autora explica que ello desconoce el propio cálculo aprobado por el regulador y desactiva el efecto de las circunstancias atenuantes, desincentivando a las empresas concesionarias a adoptar acciones correctivas. Compara este criterio con el de entidades como OEFA y SERFOR, que han hecho primar la razonabilidad sobre los topes, y advierte que la aplicación actual genera sobredimensionamiento de la sanción y falta de predictibilidad para los administrados.
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