El autor recuerda que el derecho del consumo presupone un mercado libre con proveedores entre los que elegir y transacciones monetarias, y que su objetivo es simplificar relaciones masivas y corregir el desequilibrio entre las partes. Reconoce que en ese terreno se ha avanzado mucho, pero advierte que la proliferación de deberes de información, formularios y requisitos regulatorios ha convertido la contratación en un ritual que conduce a la aceptación ciega y no al consentimiento informado. Concluye que el derecho del consumo debe guiarse por la proporcionalidad, la claridad y la eficacia práctica, con mecanismos como la terminación sencilla de contratos y una resolución alternativa de conflictos rápida.