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Main practice areasRestructuring & Insolvency
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Una exigencia práctica que excede la protección legal
El texto analiza el alcance del artículo 57 N°1 letra c) de la Ley 20.720, que prohíbe hacer efectivas las garantías asociadas a los contratos de la empresa deudora durante la protección financiera concursal, pero solo cuando la causal invocada es el inicio de la reorganización. Los autores muestran que la protección resulta insuficiente frente a las boletas de garantía, cuyo cobro no exige acreditar incumplimiento alguno, por lo que la empresa debe promover acciones judiciales paralelas para obtener del tribunal la prohibición de su cobro. Añaden que la sanción de posposición del crédito del acreedor infractor resulta ineficaz por la misma limitación y porque ese acreedor deberá luego pronunciarse sobre el Acuerdo de Reorganización.
El problema práctico del artículo 95, numeral 4, letra b) de la Ley 20.720
El artículo aborda la ambigüedad del artículo 95 número 4 de la Ley 20.720 respecto de los acreedores cuyos créditos están garantizados con cauciones personales de terceros en una reorganización judicial. Los autores explican que la letra a) somete al acreedor votante a los términos del Acuerdo, mientras que la letra b) permite al que no asiste o se abstiene dirigir sus acciones contra los garantes, redacción que en la práctica ha llevado a que estos acreedores demanden a los garantes y a la vez exijan los pagos del Acuerdo. Sostienen que la norma debe interpretarse de modo estricto, como una opción excluyente y no como una pluralidad de vías de cobro, y plantean la necesidad de un cambio de criterio jurisprudencial o de una modificación legal que asegure certeza e igualdad entre acreedores.
