About Raimundo
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Main practice areasRestructuring & Insolvency
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Factores internos como causa de insolvencia: evidencia de 29 reorganizaciones judiciales
Cuando una empresa inicia un procedimiento de reorganizacion judicial conforme a la Ley 20.720, la solicitud suele atribuir la crisis a hechos externos como la pandemia, el estallido social, el alza de las tasas de interes o eventos climaticos. Los autores sostienen que esos factores, siendo relevantes, no son los mas determinantes, y formulan la pregunta que lo revela: si el hecho externo fuera la causa, por que otras empresas del mismo sector, expuestas a las mismas circunstancias, no iniciaron un procedimiento concursal. Para responderla analizaron 29 solicitudes presentadas entre 2018 y 2025, dentro de un universo de 427 procedimientos iniciados desde 2014, codificandolas conforme a una taxonomia basada en los modelos de John Argenti y Edward Altman. Los resultados muestran que los factores mas frecuentes son internos: una estructura financiera inadecuada -endeudamiento de corto plazo para financiar activos de largo plazo, concentracion de vencimientos y uso permanente del factoring como sustituto del capital de trabajo- consta en el 79% de los casos, y la concentracion o dependencia critica de un cliente, canal, permiso o mercado en el 72%, concurriendo ambos en mas de la mitad. Los factores externos operan como detonante que precipita la crisis de empresas previamente debilitadas. El gobierno corporativo se menciona solo en 7 de los 29 casos, lo que refleja menos su ausencia que la escasa disposicion a exponer factores de administracion en solicitudes publicas; en la practica, esas deficiencias se manifiestan durante la implementacion de los acuerdos, etapa en que el 21,9% ha derivado en liquidacion por incumplimiento. La prevencion, concluyen, es ante todo una tarea interna y anticipada.
Una exigencia práctica que excede la protección legal
El texto analiza el alcance del artículo 57 N°1 letra c) de la Ley 20.720, que prohíbe hacer efectivas las garantías asociadas a los contratos de la empresa deudora durante la protección financiera concursal, pero solo cuando la causal invocada es el inicio de la reorganización. Los autores muestran que la protección resulta insuficiente frente a las boletas de garantía, cuyo cobro no exige acreditar incumplimiento alguno, por lo que la empresa debe promover acciones judiciales paralelas para obtener del tribunal la prohibición de su cobro. Añaden que la sanción de posposición del crédito del acreedor infractor resulta ineficaz por la misma limitación y porque ese acreedor deberá luego pronunciarse sobre el Acuerdo de Reorganización.
