El artículo critica el mecanismo del artículo 92 de la Constitución para designar a los ministros del Tribunal Constitucional, que a juicio del autor genera un reparto político sin garantizar especialización ni independencia. Propone exigir a los candidatos un grado académico en Derecho Público, eliminar la vía de la sola trayectoria pública y establecer inhabilidades previas por cargos directivos, de elección popular o partidarios. Plantea además nombramientos con apoyo de todos los órganos, plazos perentorios y concursos con audiencias públicas y participación ciudadana.