El texto cuestiona que el artículo 109 de la Ley 1955 de 2019 destine al presupuesto de la Superintendencia de Transporte las multas que esta impone a los particulares. El autor advierte que ese esquema puede generar un conflicto de intereses e incentivar sanciones contra operadores aéreos con solidez financiera. Recuerda lo dicho por la Corte Constitucional en la Sentencia C-561 de 2015 y plantea si sería más eficiente eliminar el incentivo que corregirlo después por vía de impugnación.