El autor analiza la libertad de las partes de un contrato transfronterizo para elegir la ley aplicable y los límites que esa autonomía encuentra. Examina el Reglamento Roma I, con sus normas imperativas de la ley del foro y del lugar de cumplimiento y la excepción de orden público, y luego el Código Civil egipcio, que impide eludir la ley procesal del foro, los tratados vigentes y el orden público, también al ejecutar sentencias y laudos extranjeros. Concluye que las partes no pueden escoger sin más la ley que les conviene, sino que deben atender al lugar de cumplimiento de sus obligaciones y a la jurisdicción donde buscarán ejecutar la sentencia o el laudo.