El autor analiza cuatro sentencias de la Sala Social de la Cour de cassation de 14 de enero de 2026 que transforman el control judicial de la libertad de expresión de los trabajadores. Explica que se distingue con más claridad entre expresión, denuncia protegida y deber de lealtad, y que el criterio del abuso se sustituye por un test de proporcionalidad entre la libertad del empleado y el derecho del empleador a proteger sus intereses. Recomienda a las empresas documentar el contexto y el daño concreto, considerar medidas menos gravosas y revisar las sanciones con asesoría previa, ya que el marco sigue sin consolidarse.