El autor critica la decisión del Conseil d'Etat de 16 de diciembre de 2025, que equiparó la comercialización de títulos de deuda emitidos por fondos de inversión alternativos con la de sus participaciones, anulando el criterio literal de la Comisión de Sanciones de la AMF. Sostiene que la normativa francesa y la Directiva AIFM se refieren solo a la oferta de participaciones o acciones, y que extender su alcance a la deuda contradice el texto legal. Concluye que los participantes del mercado no deberían cargar con los riesgos de una legislación poco clara, en nombre de la seguridad jurídica.