El artículo examina las implicancias jurídicas de una eventual privatización de los aeropuertos del sistema nacional canadiense. El autor describe el modelo vigente, en que el gobierno federal es propietario y autoridades aeroportuarias locales sin fines de lucro operan bajo arriendos de largo plazo con pago de renta de suelo, y lo contrasta con el esquema estadounidense. Sostiene que un cambio de propiedad no alteraría el marco regulatorio central, pero exigiría reestructurar arriendos, financiamiento y gobernanza, con la posibilidad de reducir las tarifas aéreas.
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