El artículo explica el objetivo del Convenio de Ciudad del Cabo, adoptado en 2001 y suscrito por México, de dar certeza sobre la jurisdicción y la ley aplicable a las garantías sobre bienes aeronáuticos de gran valor y proteger a los acreedores. El autor advierte que las declaraciones formuladas por los Estados al adherirse, junto con la existencia de Estados no contratantes, generan ambigüedad sobre el régimen aplicable en casos de impago e insolvencia. Menciona como posible solución pactar en los contratos de arrendamiento la versión del Convenio que regirá un incumplimiento.