El texto sostiene que el compliance no debe limitarse a la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, sino extenderse a todos los sectores, incluido el público. La autora repasa las acciones previstas en la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022, como la diligencia debida en contrataciones, la prevención de conflictos de intereses y la identificación de riesgos. Advierte que el reto es que estos controles no entorpezcan la labor de las entidades públicas.