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Pérez Bustamante & Ponce
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- Constitutional Law
La iniciativa tributaria exclusiva del Presidente: un límite que la Asamblea no puede ignorar
El artículo recuerda que los artículos 135 y 301 de la Constitución ecuatoriana reservan al Presidente la iniciativa para crear, modificar o suprimir impuestos, y que no es infrecuente que durante el trámite legislativo se introduzcan tributos que nunca formaron parte del proyecto enviado por el Ejecutivo, como ocurrió con la Contribución Temporal sobre las Utilidades de los Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito. Los autores apoyan su lectura en la Sentencia 22-19-IN/25 de la Corte Constitucional para concluir que una norma tributaria sin iniciativa presidencial es inconstitucional por vicios de forma. Explican qué debe hacer el contribuyente: identificar a tiempo los tributos introducidos en el trámite, activar la acción pública de inconstitucionalidad y anticipar el impacto financiero mientras se resuelve, y precisan que la suspensión de los efectos de la norma impugnada es excepcional y depende del artículo 79, número 6, de la LOGJCC.
José David Ortiz Custodio, Angie Nathaly Santacruz MediavillaEcuadorAugust 21, 2026Pérez Bustamante & Ponce - Constitutional Law
La distinción entre categorías protegidas y sospechosas
El texto examina la diferencia entre categorías protegidas y categorías sospechosas en el derecho constitucional ecuatoriano, a partir de la Sentencia No. 28-15-IN/21 de la Corte Constitucional, que precisó que no todas las categorías del artículo 11 numeral 2 de la Constitución son sospechosas. Los autores explican que la distinción es decisiva en materia laboral, porque solo la categoría sospechosa activa la presunción de discriminación y la inversión de la carga de la prueba. Critican luego una sentencia de la Corte Nacional de Justicia que equiparó el despido por enfermedad general a una categoría sospechosa y alertan sobre el estándar ampliado que ello impondría a los empleadores en casos de despido intempestivo.
José David Ortiz Custodio, Angie Nathaly Santacruz MediavillaEcuadorMarch 31, 2026Pérez Bustamante & Ponce - Constitutional Law
Reviviscencia de las normas en Ecuador luego de una declaratoria de inconstitucionalidad
El texto aborda si las normas derogadas recuperan vigencia cuando la ley que las derogó es declarada inconstitucional, a partir de la Sentencia 52-25-IN/25 de la Corte Constitucional, que el 26 de septiembre de 2025 declaró la inconstitucionalidad por la forma de la Ley Orgánica de Integridad Pública. Los autores exponen las dos tesis doctrinarias en disputa y recuerdan que la sentencia otorgó efectos generales hacia el futuro, con retroactividad solo en materia penal, niñez y adolescencia y movilidad humana. Sostienen que, al tratarse de efectos ex nunc sin pronunciamiento expreso sobre la reviviscencia, las derogaciones se consumaron, y reclaman que la Corte precise en sus fallos los efectos sobre las normas derogadas para evitar vacíos normativos.
José David Ortiz Custodio, Angie Nathaly Santacruz MediavillaEcuadorNovember 24, 2025Pérez Bustamante & Ponce - Constitutional Law
Medidas cautelares constitucionales: fronteras entre la protección legítima y el abuso procesal
El artículo analiza el triple filtro del artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y su desarrollo en la Sentencia 1094-23-JP/25 de la Corte Constitucional. Los autores comentan además el caso Construsacha Cía. Ltda. (Sentencia 43-23-JC/24) para mostrar que las medidas cautelares no proceden cuando existen vías administrativas u ordinarias ni cuando el conflicto es contractual. Concluyen con recomendaciones para el sector privado sobre cuándo litigar por esta vía y cómo diseñar estrategias procesales y cláusulas de solución de controversias.
José David Ortiz Custodio, Angie Nathaly Santacruz MediavillaEcuadorJuly 18, 2025Pérez Bustamante & Ponce - Constitutional Law
La manifiesta improcedencia de la acción de protección
El artículo explica los requisitos de procedencia de la acción de protección en Ecuador y la doctrina de la manifiesta improcedencia desarrollada por la Corte Constitucional. Los autores repasan sentencias en las que se rechazó su uso para asuntos contractuales, prescripción adquisitiva, silencio administrativo o modificación del presupuesto general del Estado, y recuerdan que en esos casos el juez debe rechazar la demanda sin entrar al fondo. Destacan que la figura permite a personas y compañías demandadas alegar la improcedencia como cuestión previa, en resguardo de la seguridad jurídica y el debido proceso.
José David Ortiz Custodio, Daniel CaicedoEcuadorApril 28, 2025Pérez Bustamante & Ponce - Constitutional Law
Consulta ambiental y seguridad jurídica: análisis del Caso Curipamba - El Domo tras la sentencia 51-23-IN/23
El texto examina la primera acción de protección presentada tras la sentencia 51-23-IN/23 de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional el decreto ejecutivo 754 sobre consulta ambiental difiriendo sus efectos. Los autores describen las alegaciones planteadas contra el MAATE respecto de la licencia del proyecto minero Curipamba - El Domo y las razones por las que el juez de primera instancia y la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Bolívar rechazaron la acción y la apelación. Señalan que quedan pendientes recursos horizontales y anticipan que el caso podría llegar a la Corte Constitucional por vía de acción extraordinaria de protección.
José David Ortiz Custodio, Daniel CaicedoEcuadorDecember 9, 2024Pérez Bustamante & Ponce - Constitutional Law
Derechos humanos y empresas: la historia del auto que explotaba
El texto reconstruye el caso del Ford Pinto, el vehículo compacto diseñado en apenas 25 meses que, por la ubicación del tanque de combustible, se incendiaba ante impactos leves. El autor detalla cómo la administración de Ford conocía el defecto y realizó un cálculo económico que consideraba más barato indemnizar a muertos y heridos que rediseñar el modelo. A partir del caso reflexiona sobre la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos como norma de conducta mundial, en línea con los Principios Rectores aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Esteban OrtizEcuadorJuly 11, 2024Pérez Bustamante & Ponce - Constitutional Law
Entidades competentes para hacer consulta previa según la Corte Constitucional
El artículo comenta la Sentencia No. 51-23-IN/23 de la Corte Constitucional del Ecuador, que declaró inconstitucional por la forma y con efectos diferidos el Decreto Ejecutivo 754 sobre consulta ambiental. Los autores analizan el Auto de aclaración y ampliación de 21 de febrero de 2024, en que la Corte precisó que la consulta previa es una competencia exclusiva e indelegable del Estado. Concluyen que, en proyectos ejecutados por empresas privadas, corresponde al ministerio del ramo llevar a cabo la consulta, como el Ministerio de Energía y Minas en los proyectos mineros.
José David Ortiz Custodio, Martín Alejandro Urbano EsparzaEcuadorApril 29, 2024Pérez Bustamante & Ponce - Constitutional Law
Los efectos del principio kompetenz-kompetenz explicados por la Corte Constitucional
El artículo analiza la Sentencia No. 2342-18-EP de la Corte Constitucional del Ecuador, dictada en una acción extraordinaria de protección contra las decisiones inhibitorias de jueces laborales que reconocieron una cláusula arbitral. Los autores explican los efectos positivo y negativo del principio kompetenz-kompetenz recogido en el artículo 7 de la Ley de Arbitraje y Mediación y por qué la Corte descartó una vulneración a la tutela judicial efectiva. Concluyen que la decisión confirma que el convenio arbitral incide directamente en la competencia de la justicia ordinaria.
José David Ortiz Custodio, Martín Alejandro Urbano EsparzaEcuadorNovember 29, 2023Pérez Bustamante & Ponce - Constitutional Law
La Corte Constitucional suspendió la vigencia del Decreto Ejecutivo No. 754 y paralizó al sector productivo del país
El artículo critica la decisión de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional que, el 1 de agosto de 2023, admitió la demanda de inconstitucionalidad de la CONAIE contra el Decreto Ejecutivo 754 sobre consulta ambiental y ordenó su suspensión provisional. Los autores sostienen que el argumento de reserva de ley es infundado, ya que la consulta ambiental está regulada por el Acuerdo de Escazú y por el artículo 184 del Código Orgánico del Ambiente, y que el decreto solo dio cumplimiento a la Sentencia 22-18-IN/21 de la propia Corte. Advierten que suspender una norma de alcance nacional a partir de hechos referidos a dos proyectos mineros impide obtener licencias ambientales en todos los sectores y vulnera la seguridad jurídica.
José David Ortiz Custodio, Martín Alejandro Urbano EsparzaEcuadorAugust 30, 2023Pérez Bustamante & Ponce - Constitutional Law
Propuesta de tratamiento al uso abusivo de las garantías jurisdiccionales
El texto aborda el llamado abuso de las garantías jurisdiccionales en Ecuador, entendido como el uso de estas acciones por parte de algunos litigantes como atajo para obtener pronunciamientos ajenos a la tutela de derechos constitucionales. Los autores proponen que la Corte Constitucional emplee su facultad de selección y revisión de sentencias, prevista en el artículo 436 de la Constitución y en el artículo 25 de la LOGJCC, para dictar jurisprudencia vinculante sobre el problema. Señalan que hasta ahora el tratamiento ha sido superficial, como muestran las sentencias 001-10-PJO-CC y 001-15-PJO-CC, que no llegaron a fijar medidas correctivas para jueces ni abogados.
José David Ortiz Custodio, Martín Alejandro Urbano EsparzaEcuadorMay 12, 2023Pérez Bustamante & Ponce - Constitutional Law
Caso Fierro Urco: Seguridad jurídica para las actividades mineras
El texto examina el fallo de la Corte Provincial de Loja del 19 de diciembre de 2022 que negó la acción de protección presentada por habitantes de la parroquia Gualel contra la actividad minera en Fierro Urco. Los autores destacan que la Corte concluyó que la sentencia 1149-19-JP/21 del caso Los Cedros no fijó un precedente vinculante sobre el principio de precaución ni puede aplicarse retroactivamente a consultas ambientales realizadas años antes. Señalan que la decisión protege los derechos adquiridos y la previsibilidad como componentes de la seguridad jurídica.
José David Ortiz Custodio, Martín Alejandro Urbano EsparzaEcuadorFebruary 16, 2023Pérez Bustamante & Ponce
