El artículo analiza el Proyecto de Ley 250 de 2026, radicado en el Senado para convertir la modernización del INVIMA en política permanente frente al represamiento de trámites. Explica que el proyecto elevaría a rango legal el mecanismo de confianza regulatoria (reliance), lo extendería a todos los productos vigilados y obligaría al INVIMA a aplicarlo salvo razones motivadas. Destaca nuevas obligaciones de transparencia y medición de tiempos, pero advierte que no contempla reconocimiento automático, plazos perentorios ni silencio administrativo positivo. Recomienda a la industria aprovechar desde ya la resolución vigente y participar en el debate legislativo.